Un grupo de personas atacó con piedras y objetos contundentes las dependencias de la Municipalidad de San Bernardo, especialmente en el sector de su entrada principal.
Tras esto, personal de Carabineros comenzó a dispersar a los manifestantes que se encontraban en el lugar con elementos disuasivos, como el carro lanza aguas, lo que dejó varias personas heridas producto de la acción de carabineros con escopetazos.
Estos disturbios se suman a los que se registraron durante el lunes que terminaron con daños en la propiedad público-privada, 12 personas detenidas y una adolescente herida por Carabineros.
De acuerdo a los antecedentes, en el lugar se realizó una manifestación que pasadas las 19:00 se volvió violenta y terminó con dos locales comerciales saqueados y con los edificios de la municipalidad y Gobernación Provincial del Maipo con diversos daños.
Ante esto, Fuerzas Especiales actuó en el lugar para repeler a los manifestantes. Tras esto, la familia de una adolescente de 15 años acusó que la menor resultó lesionada -aparentemente- por el impacto de una bomba lacrimógena en su cara y cuerpo.
La familia de la víctima acusó un actuar desmedido por parte de Carabineros en contra de quienes solo estaban mirando las manifestaciones.
En las redes sociales denuncian abuso de poder de parte de Carabineros hiriendo a varias personas en el lugar.
Todo esto nace tras acusaciones por Diversos dirigentes de la salud de San Bernardo han hecho llegar por una querella por delitos en contra de altos representantes de la Municipalidad y Corporación Municipal de dicha comuna, entre quienes se encuentran la alcaldesa y presidenta de la Corporación Nora Cuevas; la secretaria general de la Corporación de Salud y Educación de San Bernardo Dina Herrera; la directora de Salud Lorna Suazo; y la Directora de la Red de Urgencia Myrtha Gárate.
La querella, que sitúa como “autores, cómplices o encubridores” a las personas antes mencionadas y al personal de la 14° Comisaría de San Bernardo, por los delitos contemplados en los artículos 255[1] y 256[2] del Código Penal concernientes a abusos contra particulares, relata una serie de vejaciones y protocolos mal ejecutados por parte de Carabineros y personal médico de la Corporación hacia gran cantidad de detenidos en el marco de las protestas iniciadas a mediados de octubre de este año. Dichos hechos serán relatados en este artículo de denuncia, el cual ha sido construido gracias a los elementos presentes en la querella y los antecedentes entregados por uno de los denunciantes, Cristián Rodríguez, dirigente de la salud de la comuna de San Bernardo.
LOS HECHOS
Los hechos de esta denuncia se sitúan en la comuna de San Bernardo a mediados de noviembre, entre los días 12 y 14 en el contexto de protestas nacionales en todo el país. En dicho contexto, una serie de funcionarios de la salud en San Bernardo toman conocimiento mediante un audio enviado a un grupo de Whatsapp, que la Directora de la Red de Urgencia de esta comuna – Myrtha Gárate – estaba solicitando médicos de su dependencia para acudir a constatar lesiones a los detenidos dentro de la 14° Comisaría de San Bernardo, recientemente reubicada en el centro de la ciudad.
Cabe señalar, según palabras de Cristián Rodríguez, que dicha situación había sido evidenciada anteriormente por algunos funcionarios, ya que desde el primer gobierno de Sebastián Piñera era regularmente enviada una ambulancia perteneciente a Urgencias a la antigua 14° Comisaría. En variadas oportunidades se les había explicado a estos funcionarios que aquella ambulancia prestaba servicios de apoyo para un traslado más rápido de los heridos desde la Comisaría, aunque en los hechos no habían podido corroborarlo de forma fehaciente.
Volviendo a los acontecimientos situados a mediados de noviembre, frente a la irregularidad constatada en el grupo de Whatsapp un grupo de 6 dirigentes afiliados a CONFUSAM exijieron a la Secretaria General de la Corp. de Educación y Salud – Dina Herrera – que dejara sin efecto estas acciones, ya que dicha orden administrativa quedaba fuera de todo protocolo institucional y reglamentado por ordenanzas de salud.
Frente a la interpelación interpuesta por este grupo de dirigentes, el día 15 de noviembre la Directora de Salud de la Corporación decide no continuar con las constataciones de lesiones en la mencionada Comisaría, a sabiendas que estas venían realizándose desde algunos días atrás.
Pese a esta decisión, muchos testigos afirman que entre los días 12 y 14 de noviembre se realizaron constataciones de lesiones en la 14° Comisaría, las cuales bordearon entre 40 y 50 personas constatadas por cada noche, llenas de irregularidades tales como personas esposadas mientras se les constataba lesiones, otras lesiones registradas como leves en el parte médico en circunstancias que se trataba de menos graves o el impedimento por parte de Carabineros a un imputado para sacarse la polera y así poder constatar las agresiones recibidas.
En la querella interpuesta se argumenta que todas estas constataciones fueron llevadas a cabo en contra de la voluntad de los detenidos y sin respetar los protocolos clínicos sobre la materia, violentando sus derechos humanos como detenidos y contraviniendo el Decreto Exento N° 2.534 del Ministerio de Justicia, el cual en el marco de la constatación del estado de salud de los detenidos aprueba en una de sus cláusulas que “se practicará la constatación de lesiones, certificación que hará un médico EN UN CENTRO ASISTENCIAL”.
La misma querella cita también la ley 20.584 sobre los derechos y deberes de los pacientes[3], argumentando que toda persona tiene derecho a que los miembros de salud y los prestadores cumplan las normas y protocolos vigentes en el país para garantizar una buena y oportuna atención.
Como podemos observar en esta situación, las constataciones de lesiones llevadas a cabo dentro de la Comisaría por orden de las autoridades municipales estuvieron al margen de toda legalidad y sin respetar procedimientos mínimos.
Para los dirigentes que interpusieron la querella esto no se trata de un tema político ni de aprovechamiento, sino de dar cuenta de la reiteración de delitos del orden administrativo en contra de particulares que fueron tratados al margen del Estado de Derecho por funcionarios municipales y policiales.
En aquel sentido, los mismos dirigentes califican como “inaceptable e intolerable” que sean las propias autoridades comunales quienes ordenaran la realización de estas prácticas irregulares e ilegales, poniendo en peligro no sólo la integridad de los detenidos sino que también la del personal de salud de San Bernardo, debido a amenazas del personal policial y posteriores represalias en su contra de las y los manifestantes, al enterarse de estas malas prácticas visadas por las autoridades de la comuna.
A pesar de la gravedad de la situación y los pasos institucionales seguidos por parte de este grupo de dirigentes – notificar la situación a sus superiores directos, entrevista con la directora de Salud de la Corporación, entrevistas con INDH, consultas a asesores jurídicos de CONFUSAM –, la demanda elevada fue calificada por las esferas comunales como una “movida política” para desprestigiar a la Corporación y al actuar de Carabineros, quitándole el peso a la misma.
Esta situación obligó a interponer la querella antes mencionada como última medida para buscar las debidas consecuencias a quienes resulten culpables de permitir una situación que los querellantes describen como “un afecto directo a la tranquilidad pública y el ejercicio de derechos fundamentales”.
La querella en sí busca que aquellos sindicados como autores materiales e intelectuales de esta situación sean condenados con el máximo de la sanción penal establecida, pero quienes interpusieron la misma buscan también marcar un precedente a nivel nacional, ya que existen fundadas sospechas de este tipo de prácticas en otros centros de salud, y por lo mismo se vuelve total y absolutamente necesario detenerlas mediante acciones como esta u otras que se estimen convenientes.
Es sabido además por la opinión pública que las irregularidades y malas prácticas han sido “pan de cada día” en Carabineros de Chile en los más de dos meses de Rebelión, arrastrándose estas malas prácticas desde mucho antes del estallido de la misma. Instamos por lo mismo a toda o todo aquel que posea antecedentes de este tipo a hacerlos públicos por este u otro medio, ya que el amparo y validación de dichas malas prácticas proviene desde el Presidente hacia abajo, por lo que sólo queda confiar en los medios populares y sus capacidades para hacer frente a ellas.
Como Diario Venceremos estamos en total disposición de acoger demandas o relatos de este tipo para denunciarlas frente a la opinión pública, ya sea de quienes han sido testigos de ellas como de aquellas personas que se han visto directamente afectadas por el actuar desmedido e irregular de Carabineros en distintos centros de salud.
Fuente: Diario Venceremos
