Como una “acción criminal” calificó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, el instructivo del Gobierno para el retorno gradual de los servicios públicos al trabajo presencial.
Por lo mismo, Pérez anunció que los afiliados a los gremios pertenecientes a la ANEF continuarán con su trabajo de manera remota, y no volverán a la modalidad presencial.
Al mismo tiempo, la ANEF anunció que presentarán un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, porque acusan que se vulnera el derecho a la vida, consagrado en el artículo 1° de la Constitución.
En paralelo a esta acción, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, anunció que como mesa del sector público acudirán a la Contraloría.
Desde la Contraloría indicaron que las acciones que podrían interponer las asociaciones de trabajadores y los empleados públicos corren por carriles paralelos. Una vez que llegue la solicitud de pronunciamiento, la institución procederá a evaluar los antecedentes.
A las críticas, se sumó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien aseguró que la decisión del Gobierno no cuenta con respaldo científico.
Por otra parte, y a través de un comunicado, el consejo asesor Covid-19 acusó que no fueron consultados previo a la emisión del decreto del Ejecutivo. Al mismo tiempo, señalan que este retorno de los empleados públicos, al igual que la reapertura de centros comerciales, otorga un “falso ambiente de fin a la crisis”.
Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que, si bien no le consultaron directamente al consejo asesor, todas las decisiones tomadas por el Ejecutivo son basadas en la evidencia nacional, internacional y recomendaciones generales, pensadas en el bienestar de las personas.
COMUNICADO ANEF
Con fecha 18 abril, el Directorio ampliado constituido por las y los dirigentes Nacionales y Consejeros Regionales de la Confederación, con el fin de establecer las decisiones y acciones frente a la pretensión del gobierno, que mediante el Oficio Circular Nº 18, suscrito por el Ministerio Interior y del Ministerio de hacienda en el día de ayer, ordena la reincorporación masiva de los funcionarios públicos a sus reparticiones públicas, en modalidad de trabajo presencial. En la citada reunión se acordó un rechazo categórico a las pretensiones del gobierno, por tratarse de una medida arbitraria, irresponsable, falta de criterio y criminal, que pretende una supuesta normalización del trabajo y la función pública, en circunstancias que la pandemia planetaria del COVID-19 no solo mantiene al país en el estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que se siguen incrementado las cifras de infectados y fallecidos en una curva ascendente que no se detiene.
La negativa de ANEF va asociada al grave riesgo que tal decisión representa para los miles de funcionarios/as públicos que debieran volver a trabajar presencialmente, riesgos para la vida y la salud, que transforman esta disposición en un acto irracional, que no trepida en aceptar las consecuencias mortales que puede acarrear, para mostrar, en definitiva, paulatinamente una “normalidad económica”, con un claro pronunciamiento en favor de la actividad económico empresarial que la vida y la salud de los trabajadores que, sin tener las condiciones adecuadas para compartir espacios sin grave riesgo para su seguridad, se verán obligados a abarrotar la locomoción colectiva e interactuar con sus compañero y sus usuarios en claras condiciones de hacinamiento, propicia al propio contagio y al contagio a otras personas.
Las decisiones del Directorio ampliado dicen relación con las siguientes materias:
1. En el marco de los derechos constitucionales a la vida y la salud de los funcionarios/as públicas, reconocidas en el Art. 19 Nº 1 de la Constitución, y que encuentran correlato en las normas laborales del Art. 184 bis del Código del Trabajo, aplicable supletoriamente al ámbito del estatuto administrativo, se hace un llamado a todos los trabajadores/as públicos a no acudir a sus trabajos de modo presencial, continuando sus labores de carácter remoto y/o realizando, eventualmente, servicios mínimos en modalidad de turnos esenciales o éticos. Dejando en claro que las y los funcionarios públicos mantenemos la continuidad de los servicios del Estado.
2. Basado en las razones constitucionales y legales antes invocadas, se decide la presentación de recursos constitucionales de protección, Art. 20 de la Constitucional Política, basado en la grave amenaza de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores/as públicos por estas medidas de restablecimiento de los servicios presenciales.
3. La realización de un punto de prensa el día domingo 19 del presente año, 10:30 hrs. sede de la ANEF, para comunicar estas decisiones y las acciones pertinentes, tanto legales, comunicacionales y de movilización social.
4. La integración y coordinación de estas medidas con los movimiento sindicales y sociales, para constituir un frente a los desvaríos de un gobierno obsesionado con la regularización de los mercados, a costa de vidas humanas.
5. Realizar acciones sindicales de movilización unitarias por las y los dirigentes sindicales de la Asociaciones de funcionarios en cada repartición publica de todo el país.
Posteriormente, y en horas de la tarde, la ANEF realizó un Consejo de Presidentes y Delegados, con la concurrencia de gran parte de los dirigentes de bases, quienes por unanimidad apoyaron y ratificaron estas medidas comprometiendo su trabajo de acompañar y orientar a las y los afiliados a sus organizaciones sindicales.
Hoy la ANEF, con una sola voz se pronuncia en contra de las decisiones criminales de un gobierno, que esta vez coloca la vida y salud de los trabajadores, como moneda de cambio para los propósitos empresariales y de mercado. No al regreso masivo de los funcionarios al trabajo presencial, no al privilegio del mercado por sobre la dignidad de la vida humana y la salud de la población.
DIRECTORIO NACIONAL
