Muchos menores chilenos han sido detenidos desde que comenzaron las protestas, en un sistema de justicia juvenil plagado de crueldad y abuso.

Más de 180 niños en Chile han sido detenidos preventivamente, algunos hasta por cuatro meses, por su participación en la ola de disturbios sociales que ha sacudido al país desde octubre.

Decenas de miles de personas han sido arrestadas desde que las protestas por el aumento de las tarifas del metro se convirtieron en manifestaciones nacionales contra la desigualdad. Los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron 445 personas con heridas en los ojos por las escopetas de la policía, 34 perdieron la vista de forma permanente. Más de 30 personas han muerto.

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Las cifras del defensor del pueblo penal de Chile muestran que 4.080 menores fueron arrestados entre octubre y diciembre, 186 de los cuales fueron puestos en prisión preventiva .

Damian Toro, de 17 años, fue arrestado el 21 de octubre por arrojar un cóctel molotov a los agentes de policía.

Los fiscales se negaron a dejarlo en arresto domiciliario antes de su juicio en abril, alegando que es una amenaza para la sociedad, pero su madre, Cristina Navarrete, insiste en que sus acciones no causaron lesiones ni daños.

Navarrete, una ex trabajadora de una fábrica que vive en el suburbio Quilicura de Santiago, dijo que su hijo, que esperaba ir a la universidad pero no podía pagar los honorarios, actuó enojado por la enorme desigualdad del país.

“Hay tanta injusticia en nuestro país. Él es parte de la generación que quiere un cambio «, dijo Navarette.

Los centros de detención juvenil y los orfanatos de Chile están a cargo del Servicio Nacional de la Juventud (Sename), que ha sido criticado por Human Rights Watch y la ONU por las condiciones que han dejado a los niños muertos, maltratados y violados.

Un informe contundente de la policía nacional de investigación descubrió que se había registrado abuso sexual contra menores detenidos en el 50% de los centros de Sename, mientras que el 88% de los detenidos de Sename denunciaron abusos y malos tratos físicos o sexuales.

En enero, el Senado aprobó una propuesta para cerrar el Sename y reformar el sistema de atención y detención de menores, pero los cambios podrían tardar años en completarse.

Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha investigado casos de menores maltratados mientras permanecían recluidos en instituciones de Sename después de participar en las protestas.

«Cuando un niño es sometido a un trato cruel e inhumano, se genera un daño psicológico irreparable», dijo.

«El estado debería adoptar todas las medidas para promover la recuperación física y psicológica y ayudar a la reintegración social de todos los niños vulnerables», dijo.

Una fuente de Sename dijo que cualquier abuso de menores detenidos desde octubre no había ocurrido en sus centros de detención.

«Las violaciones de los derechos humanos han sido perpetradas por otros agentes del estado, como las fuerzas policiales».

La fuente dijo que el Sename ha trabajado con organizaciones como el INDH y Unicef ​​para garantizar el bienestar de los menores detenidos.

Sofía Arévalo, de 17 años, fue arrestada el 5 de noviembre por un incidente relacionado con una bolsa de basura en llamas que se arrojó junto a un edificio municipal en la ciudad suburbana de Buin.

No se causaron daños a la propiedad, pero los fiscales alegan que Sofía les dijo a otros que prendieran fuego a la bolsa y la acusaron de ser una «autora intelectual» de un ataque incendiario potencialmente fatal.

La maestra de escuela de Sofía, Katherine Hernández, describió los cargos como ridículos.

«¿Cómo puedes decir que una persona es peligrosa si ni siquiera estás seguro de que estuvo involucrada en el ataque?» ella dijo.

Después de 70 días en el Sename y tres apelaciones fallidas, a Sofía finalmente se le concedió arresto domiciliario el 22 de enero.

Su juicio está programado para finales de marzo. Ella podría enfrentar hasta tres años en el Sename.

«Está asustada, todos estamos asustados porque no sabemos cómo podría terminar esto», dijo Hernández, y agregó que Sofía no es la misma persona que era antes de su detención. «La cambiaron».

Damian Toro está esperando su quinta apelación para arresto domiciliario. Navarette dijo que él tiene esperanzas, pero ella es cautelosa de hacerse ilusiones.

«Está siendo castigado por ir a una protesta», dijo, llorando. «Nuestros hijos están en prisión».