Nuevo informe sobre lacrimógenas reveló desidia de Carabineros y Seremi de Salud
Los docentes Aníbal Vivaceta de la Fuente (Universidad de Valparaíso) junto a Esteban Hadjez Berríos (Universidad de Valparaíso/American University of Beirut) y Yuri Carvajal Bañados (Universidad de Chile), efectuaron una actualización del informe sobre el uso de bombas lacrimógenas por parte de Agentes del Estado, en las multitudinarias manifestaciones efectuadas en la Región de Valparaíso, bajo el marco del estallido social en Chile.
Este informe detalló la displicencia mostrada por parte de Carabineros, al no cumplir con los protocolos establecidos en el uso de estos gases, que pueden ocasionar daños severos para las personas.
Estas lacrimógenas son lanzadas apuntando de forma directa e indirecta a la gente, y, por la magnitud de su fuerza, impactan eventualmente a las personas que se encuentran en el lugar, viéndose además afectadas por estos químicos.
A su vez, también utilizan las granadas de mano para dispersar a la gente, por lo que estás son bastante riesgosas, de modo que pueden ocasionar grandes incendios.
“Su potencial de producir incendios es equivalente, ya que también utilizan explosión para dispersar el material”, indica el Dr. Aníbal Vivaceta de la Fuente.
Además, denuncian la utilización abusiva de granadas de mano; esté fue el caso de un grupo de jóvenes que se encontraban al interior de una vivienda y la policía les arrojaró una munición dentro del domicilio dejándolos encerrados. “Carabineros entró de forma ilegal a una casa y uno de ellos lanzó una granada rotulada para exteriores, y posterior a eso bloquearon la puerta de acceso dejándolos encerrados”, detalla Dr. Vivaceta de la Fuente.
En este informe aclaran que Carabineros se ha negado a entregar información respecto al uso de estos productos químicos, en cuanto a los daños que pueden generar para la salud, jactándose que toda la información es considerada un asunto de seguridad del Estado, y que pone en riesgo la efectividad del trabajo policial.
Además, el uso desmedido, por parte de las Fuerzas Especiales, de agua-mezcla que utilizan en el carro lanza-agua y el lanza-gases, causa daño a la piel por quemaduras, habitualmente de segundo grado, quedando en los pequeños pliegues del cuerpo por horas produciendo irritación.
También, indica, que aparte de quedar impregnado en la piel de las personas, pasa algo similar con las cosas, ya que es difícil remover el polvo blanco. “Resulta muy difícil remover el polvo que queda depositado en las cosas. Pasó con el caso de locales comerciales cuyas vidrierías que han sido rotas con el chorro de agua, quedando el agua-mezcla en su interior e irrespirable”.
Por otra parte, acusan la inoperancia con la que ha actuado el Seremi de Salud, en tanto a la exposición de estos gases en los vecinos de Valparaíso. “Siendo la Autoridad Sanitaria responsable de la salud de la población, resulta una negligencia inexcusable que no se realice un monitoreo del efecto a mediano y largo plazo de estos productos”, señala el Dr. Yuri Carvajal.
Comentan que los más afectados por estos químicos son las persona adultas mayores, de muy avanzada edad. Y en estos casos no se puede justificar un acto delictual, ni siquiera porque estuvieran protestando; la exposición del aire contaminado los enferma.
Los docentes señalan que “esto hace pensar que Carabineros no tiene el debido conocimiento sobre su rol en la sociedad. No es posible que esta institución conciba la seguridad del Estado como algo distinto, que está por sobre la salud, e incluso la vida de las personas”.
Debido a los graves daños sufridos por un alto número de personas con quemaduras por agua-mezcla, y siendo denegada la información por parte de la policía, pudieron acceder a un documento más extenso y detallado al respecto, en la Resolución Exenta 6023, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío.
Esta resolución responde a la exigencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de que Carabineros contara con un protocolo de utilización aprobado por la Autoridad Sanitaria.
Sin embargo, agentes del Estado hicieron entrega de una información sobre los productos utilizados e incluyendo un proyectil- el cartucho 3233- que desde 2016 no forma parte del catálogo de la empresa proveedora de lacrimógenas Combined Tactical Systems (CTS).
