Mientras miles de chilenos quedan cesantes y no pueden llevar el sustento a su hogar, la enmienda ingresada hoy al Congreso, además, mantiene al Poder Judicial y al Ministerio Público entre los órganos cuya remuneración será fijada por un ente externo. Senadores de oposición que también presentaron sus propuestas- cuestionaron al Ejecutivo.
A las 12.00 horas de este lunes venció el plazo para ingresar enmiendas al proyecto que busca rebajar las remuneraciones de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública, iniciativa que deja en manos de un ente autónomo la fijación de sus salarios.
La idea de legislar sobre la iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, fue aprobada por unanimidad por la sala de esa corporación el 31 de marzo, justamente luego de que se reactivara su tramitación ante la crisis económica suscitada por el Covid-19 en el país.
Y, tal como lo había anunciado, el gobierno finalmente dio a conocer su postura a través de una indicación en la que establece que las remuneraciones “del Presidente de la República, de los ministros, subsecretarios, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, ministros del Tribunal Constitucional, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, cores, alcaldes y concejales, serán fijadas cada cuatro años, mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, a propuesta de un órgano técnico asesor del Estado que tenga competencia en materias de selección de cargos públicos, revisión de perfiles profesionales y remuneraciones de mercado en el sector público o privado”.
En ese sentido, la enmienda impulsada por el Ejecutivo mantiene -en parte- lo que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a que sea un ente externo el que fije los salarios de las altas autoridades, pero radica esta decisión en el Consejo de Alta Administración Pública y no en una nueva institucionalidad, como habían propuesto los parlamentarios.
Asimismo, se fija como tope la remuneración del jefe de Estado para “quienes ejerzan cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, seremis, o cargos de elección popular”, los que no podrán en ningún caso percibir un salario superior al del Mandatario.
Críticas de la oposición
El gobierno optó, además, por excluir de la rebaja transitoria de un 50% -que se incorporó en el proyecto durante su paso por la Cámara para el plazo en el que comience a operar el consejo asesor externo- a ministros y subsecretarios, dejando bajo esa norma solo a diputados y senadores.
“En el período que media entre la publicación de la reforma constitucional que incorpora el artículo 38 bis y la primera determinación de remuneraciones y dietas del Presidente de la República, senadores y diputados, efectuada de conformidad al inciso anterior, dichos cargos tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente”, se lee en el texto.
La postura fijada por el Ejecutivo a través de esta indicación ya generó cuestionamientos en la centroizquierda.
