Durante la licitación que se desarrolló en 2018, el gasto fiscal en la contratación de estos servicios es por un total de 1,888 millones de pesos y estuvo liderado por Cadem ($956 millones), Adimark ($589 millones) e Ipsos ($112 millones), seguido por Espinaca ($73 millones), Criteria ($55,6 millones), Universidad del Desarrollo ($45 millones), Time Ibope ($36,5 millones), Mori ($15 millones) y Kantar World Panel ($5,5 millones), de acuerdo a un análisis realizado por La Segunda con datos obtenidos del Ministerio Público.
Cadem se posiciona como la favorita del gobierno con 19 órdenes de compra, de las cuales 11 fueron vía trato directo captando 122 millones de pesos, en donde se solicitaron los sondeos de percepción de la población en relación a los atributos de los personeros del Gobierno ($9 millones), las expectativas económicas ($12,7 millones), seguridad nacional ($22 millones), entre otras.
Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos de Cadem -que se desempeñó como Director de Estudios de la Segegob en el primer mandato de Piñera- afirmó que los montos que captaron en 2018 son inferiores a los dos años anteriores -bajo el gobierno de Michelle Bachelet-. Cadem el año pasado captó 19 órdenes de compra, mientras que en 2017 sólo lograron 8, de las cuales ninguna tenía que ver con la Segegob.
Un artículo del diario La Segunda revela que según datos recabados en la plataforma Mercado Público, la empresa encuestadora Cadem ha recibido $956 millones en contratos del Estado durante la administración Piñera. En la nota se señala además que casi todos los meses han logrado contratos con el gobierno, incluyendo 11 órdenes con un valor de $122 millones por trato directo. Entre los trabajos encargados figuran sondeos para analizar percepción de atributos de personeros del Ejecutivo, encuestas sobre seguridad, reformas al ejecutivo y expectativas económicas. El gerente de asuntos públicos de CADEM, señaló en la nota que «esos $956 millones sólo hablan del prestigio y la capacidad que tiene nuestra empresa para hacer estudios de todo tipo. Tenemos un call center de 100 posiciones, 400 encuestadores en todo Chile y llevamos años participando en Mercado Público». Izikson dice que Cadem es el tercer proveedor del Estado en materia de estudios, detrás de la UC y la Universidad de Chile.
Roberto Izikson
Cientista Político de la Universidad del Desarrollo y Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Comenzó su carrera en Adimark, llegado a ser Jefe de Estudios Públicos y colaborador directo de Roberto Méndez (cercano a la derecha y a la familia Edwards). Desde marzo del 2010 hasta septiembre del 2013 se desempeñó como Director de Estudios en el Ministerio Secretaría General de Gobierno y como parte del equipo asesor del Presidente Sebastián Piñera. A su vez, fue asesor del gabinete del Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en materias de investigación de opinión pública y de políticas públicas asociadas a seguridad ciudadana y victimización. Renunció al gobierno en 2013 para unirse al comando presidencial de la candidata derechista Evelyn Matthei, Sin embargo, renunció por diferencias con los creativos de su campaña. Desde noviembre del 2013 se desempeña como Gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos en la empresa de investigación de mercado y opinión pública, Cadem, responsables de la encuesta de contingencia Plaza Pública.
Los chilenos tenemos una curiosa manía de compararnos en todo. Miren lo que ocurre con algunos medios que además nos refuerzan el rasgo obsesivo. Sin ir más lejos, el diario La Tercera incluye, al menos una vez a la semana, un ranking en que nos medimos con los otros países miembros de la OCDE, ese club de países ricos en que Chile participa. Para nuestra desgracia, solemos estar en los últimos tres lugares de todas las variables que se evalúan. Pero da lo mismo que estemos en el fondo de la tabla, lo importante parece ser medirnos.
También es cierto que las encuestas les sirven a un Gobierno, empresa o institución para calibrar sus acciones o proyectos en función de la percepción pública que despiertan dichas iniciativas. Pero el área más gris está referida al impacto político que tiene una encuesta de carácter semanal. Cadem lo que ha hecho es constituirse en noticia en sí, crear opinión, instalar temas de la agenda y sustentarlo en un relato.
Lo que sí está claro es que, cuando una encuesta no tiene competencia, es muy cercana a La Moneda y es difundida por casi todos los medios los lunes a primera hora, pasa a tomar un protagonismo peligroso: el de la creación de realidades y conducción de la agenda temática de la semana. Y, paradójicamente, es la empresa que resultó ser la más cuestionada de todas y la que presenta mayores debilidades metodológicas, partiendo por el hecho de que utilizan una muestra telefónica de números fijos y portátiles –responde el que quiere, por tanto, no es ni aleatoria, ni probabilística, ni menos representativa–.
Y, claro, cuando quedas como único punto de referencia, es inevitable que todos –me incluyo– terminemos utilizando sus números como fuente. Después de todo, “es lo que hay”. Si bien es cierto también están las encuestas mensuales –metodológicamente más sólidas–, en particular Adimark, aunque aún esperamos sus descargos del bochorno 2017, y Criteria –un aire nuevo en el sector–, el hecho es que Cadem tomó un protagonismo mediático insospechado.
Pero además de las críticas metodológicas hacia Cadem –comentadas con dureza en la industria–, su alta facturación a la Segegob, los lazos políticos de Roberto Izikson, así como su rol en el primer Gobierno del Presidente Piñera, han sembrado muchas dudas acerca de los objetivos que la encuesta semanal, Plaza Pública, cumple en función de la estrategia política y comunicacional de La Moneda. Es cosa de ver las preguntas “coyunturales” que incorpora y sus resultados, para dejar clara esta situación.
Por ejemplo, para Cadem, la migración y el caso de Venezuela parecieron ser los únicos temas en que los chilenos podían tener opinión durante largos meses. Luego incluirían a Admisión Justa. Curiosamente, los ejes de la estrategia comunicacional de La Moneda. Nada o muy poco de La Araucanía, desempleo, delincuencia, cambio de ministros, nepotismo y otros temas cotidianos.
Y por supuesto que es gravitante que Roberto Izikson sea el responsable de este sondeo semanal.
El cientista político, que dirigió el área de estudios de Adimark, llegó incluso a ser parte del grupo selecto al que Sebastián Piñera, en su primer mandato, escuchaba con atención. Eso le facilitó no solo emigrar al área de estudio de La Moneda, sino también mantener esa posición de privilegio frente a un Presidente que suele escuchar poco y a pocos.
Izikson se ha ido convirtiendo en un referente de los sondeos de opinión para la derecha. Sin tener la capacidad de análisis e interpretación de Roberto Méndez –el gurú de ese sector hasta hace poco–, tiene un manejo de su imagen bastante agresivo. Panelista en casi todos los medios más tradicionales y conservadores, suele polemizar con cierta vehemencia y sus proyecciones son evidentemente sesgadas, en contraste con un Méndez que, siendo un hombre declaradamente de derecha, mantenía un grado importante de equilibrio a la hora de sus interpretaciones, las cuales muchas veces molestaron a su sector.
Izikson es, por sobre todo, un personaje ambicioso. Incluso ha llegado a decir que le gustaría llegar a ser “el más influyente en los estudios de opinión pública de los próximos 25 años”, tal cual, con toda humildad. Y, por lo mismo, es muy posible que haya convencido al Gobierno de que con su encuesta no solo le entregaría información para ayudar en la toma de decisiones, sino que podría ir más allá y colaborar con la estrategia de comunicaciones gubernamental.
Pero hay elemento que, al parecer, La Moneda no ha ponderado adecuadamente como un riesgo en estos tiempos de transparencia: la relación de Izikson con Cadem. De hecho, cuando trabajó en la Secom, durante el primer Gobierno del actual Mandatario, les contrataba los estudios a esa empresa. A solo un mes de abandonar el Gobierno en 2013, debutaba como ejecutivo estrella en la compañía que hasta ese momento era su contraparte. Durante 2018, es decir, en solo 10 meses, facturó 956 millones al Ejecutivo por distintos tipos de estudios, incluidos 12 contratos por “vía directa”, es decir, sin licitación alguna.
¿Es entonces válido o legítimo que Cadem sea uno de los brazos más importante del despliegue de la estrategia comunicacional del Gobierno, pese a todos los cuestionamientos metodológicos y los lazos políticos y de dinero que hay de por medio? Una primera respuesta sería sí. Es decir, un Gobierno puede usar todos los recursos para cumplir con sus objetivos y justificarlo como una simple compra de servicios. Pero por supuesto que éticamente es cuestionable, especialmente en esta época de transparencia que no perdona a nadie y, menos aún, las prácticas que dejan un manto de dudas respecto del uso de información para construir realidades.
