Mediante las redes sociales realizan una grave denuncia contra la cadena de supermercados mas grande de Chile «Lider», ubicado en Barros Arana en la comuna de Temuco.
Asi lo demuestra el cliente que compra este tipo de pan habitualmente en el mismo supermercado de la cadena Walmart, el hombre al no cuadrarle el precio, decidió volver a pesar el producto donde se encuentran con la tremenda sorpresa que cinco panes de pan integral pre etiquetado por el mismo supermercado costaba $1.700 pesos, pero al pesarlo nuevamente, bajo el precio que aparece y que corresponde al producto solo sale $660 pesos.
Esta práctica es muy común en este tipo de establecimientos, ya que las personas solo pasan por caja y como se dice en buen chileno «si cae, cae».
Esto ocurre en medio de los anuncios de los Panaderos que advirtieron sobre una posible alza del 20% en los precios del pan a partir del mes de abril de 2020. Los empresarios aseguran que esto se debería al constante aumento del valor del dólar desde octubre de 2020, situación que hecho que los precios del trigo se disparen.
Sin embargo desde el gobierno el ministro de Agricultura, Antonio Walker, descartó un alza significativa en el precio del pan, como consecuencia del impacto que tendrá la crisis sanitaria del coronavirus en el sector productivo.
El secretario de Estado afirmó que el aumento no debería superar el 3%, ya que existe una distribución paritaria entre el consumo de trigo nacional e importado.
Esto se diferencia de la advertencia de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan), que anunció un aumento del 20% en el valor de este producto.
Presentan proyecto de ley que busca sancionar a quienes incrementen el precio o comercialicen bienes destinados a la distribución gratuita en estados de excepción.
El objetivo principal del proyecto ingresado es crear figuras que sancionen penalmente la especulación de precios.
La Moción busca crear figuras que sancionen penalmente la especulación de precios, resolviendo un vacío que, a propósito de la exposición constante de nuestro país a catástrofes naturales, queda a la vista cada vez que tiene lugar una calamidad. Esto no es inédito en nuestra historia, y prueba de ello es el ineficaz inciso segundo del artículo 5º de la ley Nº 16.282.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca establecer un tipo penal en virtud del cual se sancionará a quien luego de la declaración de un estado de excepción, aumente injustificadamente el precio de los bienes y servicios de primera necesidad, entendiendo por tales los referidos a alimentación, higiene, materiales de construcción, combustible, medicamentos o insumos médicos. Ahora bien, se trata de un alza que supere el 20% del precio que poseían dichos bienes al momento de la declaratoria de estado de excepción, y en el caso especifico del estado de catástrofe, con anterioridad al desastre natural o a la declaración de alerta sanitaria.
Se hace este especial énfasis en el estado de catástrofe, puesto que como ha demostrado en nuestra historia reciente, en ocasiones pueden transcurrir extensos lapsos de tiempo entre la ocurrencia de un desastre y la declaración de un estado de excepción. Lo mismo entre que se decrete una alerta sanitaria por epidemia y la declaratoria presidencial. Cabe hacer presente que se sanciona la ilegitimidad del alza, no el aumento de precios que pudiese verse justificado por los costos asociados a la producción de los bienes.
La pena aplicable en estos casos, será aquella que ya dispone la ley de sismos y catástrofes, esto es, presidio menor en su grado mínimo a medio, a lo cual anexamos un multa equivalente al doble de los ingresos percibidos indebidamente. Finalmente, contempla sancionar con la misma pena, a quien comercialice bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en la zona afectada.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro del Boletín Nº 13424-07.
