Muchos deben afrontar la crisis por cuenta propia
Mientras otros países están entregando importantes sumas de dinero mensual a los trabajadores para que hagan frente a la pandemia, el gobierno chileno ha propuesto entregar un bono de $50 mil pesos por una vez. En este detallado análisis de las propuestas del gobierno, los economistas de la Fundación Sol estiman que ese bono, en el mejor de los casos, llegará al 15% de los trabajadores más desprotegidos.
Hace unas semana, el 19 de Marzo, Sebastián Piñera junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunciaron un plan económico de emergencia para enfrentar los efectos del coronavirus en Chile. Identificaron tres ejes principales: protección de los empleos, inyección de liquidez a las empresas y apoyo a los chilenos más vulnerables. Una parte clave de la efectividad de este plan pasa por determinar a quién se considera vulnerables y por lo tanto, merecedores del apoyo del Estado. Cuando el plan se analiza en detalle, se observa que la definición de vulnerable del gobierno es insuficiente; ignora el alto nivel de endeudamiento de los chilenos y asume una condición homogénea entre las y los trabajadores, como si la precariedad que cruza el mundo laboral tuviese una sola cara.
Los trabajadores por “cuenta propia” son los desprotegidos del sistema económico chileno. Constituyen algo más de 2 millones 800 mil personas. El 97% de estos trabajadores, técnicos y profesionales, no califica como pobre, pero más del 60% recibe ingresos inferiores al sueldo mínimo. No podemos limitarnos a proteger a los trabajadores formales con contratos y beneficios legales. Ni a las empresas que generan empleos. Urge avanzar también a un ingreso mínimo familiar asegurado y universal, mientras dure la pandemia y las cuarentenas impidan salir a trabajar.
“Trabajo haciendo aseo. Independiente sin contrato. Arriendo una pieza, por tanto, no tengo una dirección propia para crear una pyme. Me he visto obligado a usar permisos temporales de compra para salir a trabajar. Si me pillan, me muero”.
El testimonio me lo hace llegar Manuel a través de redes sociales. Él es parte de esos “rebeldes” que muestra la prensa que no hacen caso a las cuarentenas decretadas por la autoridad. Esos que, si no trabajan, no comen. Que son los que saturan comisarias desbordadas pidiendo salvoconductos. Ellos necesitan salir, si no trabajan, no producen ni tienen sueldo.
Trabajadores y trabajadoras “por cuenta propia” o microempresarios cuyas actividades y empleos, informales en su mayoría, están paralizados y cuyas familias no tienen espaldas para soportar la falta de ingresos. Desafían las medidas decretadas, arriesgándose a sí mismos, para buscar el sustento para sus hogares.
Por ahora parecen pocos casos, algunos centenares, pero van en aumento y comienzan a proyectar la imagen de una crisis sanitaria que se convierte en crisis social y que percibimos mucho más cercana de lo que consignan algunas hipótesis de trabajo de los ministerios sociales. No basta sacar a los militares a las calles para superar el fondo del problema. El control, por férreo que sea, se doblega ante la necesidad de subsistencia. El coronavirus no se limita a la salud y la vida de las personas. También amenaza la subsistencia de las familias chilenas, condición primera a resolver para asegurar la necesaria disciplina de la población para acatar las medidas de aislamiento.
Estos “cuenta propia” son los desprotegidos del sistema económico chileno. Constituyen algo más de 2 millones 800 mil personas. El 97% de estos trabajadores, técnicos y profesionales, no califica como pobre, pero más del 60% recibe ingresos inferiores al sueldo mínimo. El otro extremo de este grupo, el 5%, genera ingresos familiares por más de 1 millón 200 mil pesos, pero muchos de ellos están igualmente desprotegidos. Son técnicos y profesionales que tampoco tienen oportunidad de mantener sus ingresos porque, es obvio, sus negocios o emprendimientos están total o parcialmente detenidos. La lista incluye también a los trabajadores del pequeño comercio, de los servicios personales, de las pequeñas industrias de alimentos caseros, trabajadores de la construcción, del agro y del transporte escolar y taxistas, entre muchos otros.
Estos eternos olvidados de las políticas públicas también están bajo el peligro del coronavirus y sus múltiples efectos destructores. Por eso el Estado tiene un deber ético con ellos y con todos aquellos que necesiten un auxilio en estas horas críticas. No podemos limitarnos a proteger a los trabajadores formales con contratos y beneficios legales. Ni a las empresas que generan empleos. Urge avanzar también a un ingreso mínimo familiar asegurado y universal, mientras dure la pandemia y las cuarentenas impidan salir a trabajar.
El costo de una medida de este alcance superaría, por cierto, los 750 millones de dólares mensuales. Pero debemos considerar que el propio Estado aprobó un aporte de 2 mil millones de dólares al fondo de cesantía de los trabajadores formales.
Junto a ello, es necesario congelar los precios de una canasta básica de alimentos y de los medicamentos y prestaciones que requiera el combate al coronavirus. En paralelo, el Estado debe definir criterios más realistas para que los pequeños emprendedores puedan renegociar deudas y beneficios. No más de un tercio de las pymes califican hoy para acceder a un auxilio del Banco Estado, que recibió un aporte de capital de 500 millones de dólares para ayudar a flotar no solo a la microeconomía, sino a las familias que hay detrás.
Columna extraida del El Mostrador
