Desde las agrupaciones señalaron que es una “irresponsabilidad criminal” y que revela “nula preocupación” del Gobierno por sus empleados y la población en general.
Tras conocerse el oficio enviado desde el Gobierno para establecer un plan de retorno “gradual” de los funcionarios públicos a sus puestos presenciales, en medio de la emergencia por el Covid-19, diversas agrupaciones de trabajadores estatales expresaron su rechazo ante la medida.
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) calificaron esta nueva medida de “irresponsabilidad criminal“. “Las medidas adoptadas por el Gobierno siguen evidenciando que su única prioridad es el resguardo de los intereses económicos, por sobre la protección de la salud y la vida de los/as chilenos/as, y las medidas de carácter fiscal adoptadas privilegian al gran empresariado, descargando sobre los/as trabajadores/as y sobre la función pública sus costos”, indicó el organismo en un comunicado.
Además, la ANEF subrayó que “nuestro país se encuentra ad portas de iniciar el período invernal, con el consiguiente incremento de enfermedades respiratorias, lo que los salubristas han indicado, incrementa el riesgo de contagio y agravará la letalidad del COVID-19″.
En palabras de la agrupación, “normalizar“ el funcionamiento del Estado “está lejos de ser posible y no se condice con las necesidades del país. No se trata solamente de proteger la salud e integridad física de los/as funcionarios/as públicos/as, errores de este tipo son los que condujeron a contagios masivos en instituciones que no asumieron las alertas que levantamos”.
En tanto, desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (Aneiich) también rechazaron el anuncio presidencial, “que pone de manifiesto una vez más la nula preocupación de las autoridades de Gobierno respecto a la salud de la población y de sus propios trabajadores, y que contrasta con el conjunto de medidas de apoyo para las grandes empresas y grupos económicos del país”.
“En el caso de implementarse medidas en esta línea, ejerceremos todas las acciones sindicales, administrativas y judiciales que resulten necesarias para resguardar la salud y derechos fundamentales de nuestros/as asociados/as“, remarcaron los funcionarios del SII.
